Empleo público y contratos temporarios: ¿cuándo existe una situación de precarización laboral?

La contratación de trabajadores por parte del Estado mediante contratos temporarios puede generar situaciones de incertidumbre cuando, pese a que formalmente se presenta como una relación transitoria, en la práctica la persona desarrolla durante años tareas permanentes y propias de la administración.

La cuestión adquiere especial importancia en el ámbito del empleo público, donde la Constitución Nacional reconoce el principio de estabilidad del empleado público.

¿Qué establece la Constitución sobre la estabilidad del empleado público?

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes.

La misma norma establece expresamente que las leyes asegurarán al trabajador privado protección contra el despido arbitrario y al empleado público la estabilidad en el empleo.

Esto significa que el régimen constitucional reconoce una protección específica para quienes trabajan para el Estado.

Sin embargo, la estabilidad no significa que absolutamente todas las personas que trabajan para organismos estatales tengan automáticamente la condición de empleados de planta permanente. La legislación contempla diferentes modalidades de vinculación y determinadas contrataciones temporarias pueden resultar legítimas cuando se encuentran justificadas y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

¿Qué sucede cuando un contrato temporario se utiliza para cubrir una necesidad permanente?

El problema aparece cuando una contratación que formalmente es temporal se utiliza, durante períodos prolongados, para cubrir tareas normales, habituales y permanentes de un organismo público.

En estos casos, puede resultar necesario analizar si la modalidad contractual utilizada por el Estado se corresponde realmente con las características de la prestación realizada.

La denominación que las partes le hayan dado al contrato no siempre resulta suficiente para determinar la verdadera naturaleza de la relación.

Por eso, en un eventual reclamo judicial pueden adquirir especial importancia cuestiones como:

• La duración efectiva de la relación.
• La continuidad de la prestación.
• Las tareas concretamente realizadas.
• Si las funciones eran permanentes o transitorias.
• La existencia de renovaciones sucesivas del contrato.
• La dependencia funcional respecto del organismo estatal.
• La forma en que se organizaba y controlaba el trabajo.
• La inserción del trabajador en la estructura habitual de la administración.

¿Puede el Estado contratar trabajadores por tiempo determinado?

Sí. La legislación contempla determinadas modalidades de contratación temporal dentro de la Administración Pública.

Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley 25.164 contempla la contratación de personal para realizar actividades de carácter transitorio o estacional, dentro de las condiciones establecidas por la normativa.

La existencia de esta posibilidad legal no significa, sin embargo, que pueda utilizarse indefinidamente para cubrir puestos que en los hechos responden a necesidades permanentes del organismo.

La legalidad de la contratación debe analizarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada relación.

¿Qué pasa si el Estado utiliza una contratación temporal para una relación que en realidad es permanente?

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha analizado situaciones en las que el Estado utilizó modalidades contractuales previstas legalmente para supuestos excepcionales con el objetivo de mantener durante largos períodos relaciones laborales que, por sus características, excedían una prestación meramente transitoria.

Uno de los antecedentes más importantes en esta materia es el conocido caso “Ramos”, en el que la Corte analizó la situación de una persona contratada sucesivamente por el Estado durante un período prolongado.

En este tipo de situaciones, los tribunales pueden considerar que la conducta estatal generó en el trabajador una expectativa legítima que merece protección jurídica.

Un antecedente sobre contratación temporaria en el Estado

En septiembre de 2018, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió una causa iniciada por una trabajadora contratada por el Estado Nacional.

En el caso “Farkouh, Mariana Fernanda c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía – INDEC s/ Empleo Público”, la Cámara analizó la utilización de una modalidad contractual temporal para una prestación que, según las circunstancias acreditadas en el expediente, había adquirido características de permanencia.

El tribunal siguió los lineamientos establecidos previamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Ramos”.

En ese contexto, consideró que el Estado había utilizado una modalidad contractual prevista para situaciones excepcionales para encubrir una relación que presentaba características permanentes y que esa conducta había generado en la trabajadora una expectativa legítima de continuidad laboral que merecía protección.

¿El trabajador contratado por el Estado tiene derecho automáticamente a ser incorporado a planta permanente?

No necesariamente.

Este es un punto importante.

El reconocimiento de una situación de contratación irregular o de una expectativa legítima de continuidad no implica, por sí solo, que el trabajador adquiera automáticamente el derecho a ser incorporado a la planta permanente del Estado.

La solución jurídica dependerá de las circunstancias de cada caso y del régimen aplicable.

La jurisprudencia ha admitido, en determinados supuestos, el derecho a obtener una reparación económica cuando la conducta estatal produjo un perjuicio al trabajador, aun cuando no corresponda reconocer estabilidad absoluta o una incorporación automática a la planta permanente.

¿Qué indemnización puede corresponder?

La respuesta depende de la situación concreta y del régimen jurídico aplicable.

En determinados precedentes relacionados con contrataciones irregulares de la Administración Pública se ha reconocido una reparación económica frente a la finalización de la relación, tomando como referencia las previsiones del régimen de empleo público aplicable.

Por eso, no es correcto afirmar que todos los trabajadores contratados temporalmente por el Estado tienen derecho automáticamente a una determinada indemnización. Es necesario analizar la modalidad contractual, el tiempo trabajado, las tareas realizadas y los antecedentes jurisprudenciales aplicables al caso.

¿Qué elementos pueden demostrar que una contratación temporal encubre una necesidad permanente?

La prueba es particularmente importante en este tipo de reclamos.

Entre otros elementos, pueden resultar relevantes:

• Contratos sucesivos durante varios años.
• Renovaciones reiteradas.
• Continuidad de las mismas tareas.
• Horarios determinados por el organismo.
• Órdenes e instrucciones de superiores.
• Integración del trabajador en equipos permanentes.
• Realización de tareas habituales del organismo.
• Correos electrónicos y comunicaciones laborales.
• Recibos, contratos y comprobantes de pago.
• Testimonios de compañeros o superiores.

¿Qué ocurre si el Estado rescinde el contrato después de varios años?

La finalización de un contrato temporal no debe analizarse únicamente a partir de la fecha que figura en el último contrato firmado.

Cuando la relación se extendió durante un período prolongado mediante sucesivas renovaciones y el trabajador desarrolló tareas permanentes, puede ser necesario analizar si la contratación fue utilizada de manera compatible con la finalidad para la cual fue prevista.

Si existen elementos que permitan considerar que el trabajador se encontraba en una situación de precarización o que el Estado utilizó una modalidad excepcional para una necesidad permanente, puede evaluarse la posibilidad de efectuar un reclamo.

¿Qué hacer si trabajás para el Estado con contratos temporarios?

Si trabajás para un organismo público mediante contratos temporarios que se vienen renovando durante años, es recomendable conservar toda la documentación relacionada con la relación laboral.

En particular, es conveniente guardar contratos, renovaciones, recibos de pago, comunicaciones, constancias de las tareas realizadas y cualquier otra documentación que permita reconstruir la relación.

También es importante consultar antes de firmar una renuncia, un acuerdo de desvinculación o cualquier documento que pueda afectar derechos que eventualmente correspondan.

Asesoramiento sobre empleo público y contratación temporaria

La utilización de contratos temporarios en el ámbito estatal no es necesariamente irregular. Sin embargo, cuando una modalidad excepcional se utiliza durante años para cubrir tareas permanentes, puede ser necesario analizar si existe una situación de precarización laboral susceptible de generar consecuencias jurídicas.

Si trabajás para el Estado mediante contratos temporarios y considerás que tu relación laboral se ha extendido durante años realizando tareas permanentes, podés consultarnos para analizar la documentación y determinar si existe un reclamo que pueda corresponderte.